Domingo, 17 Mayo, 2009
La depuradora de moluscos abierta en Melilla en febrero de 2006, como un proyecto innovador, que utilizaba técnicas nuevas para la depuración de moluscos y que constituía la tercera empresa del sector en España, tras otras dos existentes en Galicia y Málaga, se ha convertido en una carrera de obstáculos desde su misma apertura.
Para empezar, sus promotores tardaron cuatro años en ponerla en marcha, porque con anterioridad a la materialización del proyecto quisieron asegurarse ante Bruselas que la empresa resultaría viable. La idea partía de la base de aprovechar las reglas de origen que aprobó la UE para nuestra ciudad y Ceuta: Una normativa que prometía la posibilidad de exportar productos al resto de Europa sin carga arancelaría de ningún tipo, siempre y cuando su manufactura se hubiera hecho en la ciudad con los rigores impuestos para conseguir el sello ‘made in Melilla’, aunque la materia prima empleada procediera de terceros países.
La intención se convirtió en un calvario, porque en realidad jamás se logró el arancel cero para los productos que la depuradora exportaba al resto de Europa, principalmente a otras ciudades españolas. La distinta interpretación de la normativa por las autoridades aduaneras españolas y las europeas no acabó nunca en consenso y las exportaciones siempre se vieron gravadas hasta con un 11% de carga impositiva. Aún así, su actividad perduró durante casi dos años, con una producción semanal de ocho toneladas de moluscos y bivalvos debidamente depurados y aptos para el consumo, de las que una tonelada se quedaba para el consumo local.
La empresa promotora de la depuradora, ‘Rusadirmar’, también se dedicaba a la exportación de pescado, aunque no a través de Melilla, y tenía en proyecto ampliar sus instalaciones locales con un criadero de mariscos y un sistema de tratamiento de pescado.
Sus promotores no se arrepintieron en principio de la inversión, aun sabiendo que su opción a favor de Melilla resultaba más arriesgada. En el vecino Marruecos, no sólo hubieran conseguido costes más baratos tanto para el montaje de las instalaciones y la mano de obra, sino que sus productos, de haberse manufacturado al otro lado de la frontera, habrían sido exportados a Europa con cero aranceles, en función de la condición de socio preferencial de Marruecos ante la UE. A pesar de todo, apostaron por Melilla y aquí invirtieron casi tres millones de euros, con capital local en parte y también de empresarios de Ibiza.
En noviembre pasado, la empresa se volvió del todo inviable, porque a los obstáculos sobre la imposibilidad de beneficiarse de las reglas de origen debidamente, se añadían otros derivados de las barreras sanitarias que ha terminado por imponer la UE, hasta el punto de que se ha hecho imposible exportar desde Melilla hacia el resto de Europa cualquier producto de manufactura local y origen animal.
El 19 de noviembre pasado, tras conocerse la nueva instrucción de la Dirección General de Sanidad Exterior que imponía la prohibición a las exportaciones de productos de origen animal, la empresa tuvo que iniciar un expediente de regulación de empleo, cuyo efecto inicial trascendía de la pérdida de los veinte puestos de trabajo que había creado.
Ahora se pretende superar esas barreras sanitarias, mediante la declaración de Melilla, por la Comisión Europea, como ‘Zona Autorizada’ para la explotación de la acuicultura. Un trámite que lleva ya meses sin dar sus frutos y que ha terminado por trasladar el problema al Congreso, para su debate en la Comisión de Sanidad de la misma Cámara.
No obstante, la problemática concreta de la depuradora es mucho más que un ejemplo de la dificultad de generar fuentes de actividad económicas alternativas al monocultivo local del sector comercio. Demuestra, por un lado, la falacia de unas reglas de origen que no han llegado nunca a servir a sus objetivos y expectativas creadas. De otro, la dificultad extrema de no contar con herramientas suficientes para saber defender nuestros intereses de forma conveniente ante las instituciones europeas.