La polémica sobre la planta acuícola de Pescanova en Cabo Touriñán sigue viva sin que la Xunta del PP aclare si recuperará el proyecto o no. La Xunta lamenta la falta de seguridad jurídica en que ha quedado el plan acuícola bipartito, que revisó el de 2005 aprobado por la Administración Fraga.
El actual Gobierno acusa al bipartito de haber ocultado una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anulaba es decisión durante el traspaso de poderes. Éste da la razón a Pescanova, que reclamaba una indemnización al bipartito por paralizar su planta, que se encontraba ubicada en zona protegida como Red Natura, según explicó el secretario xeral de Mar, Francisco Vidal-Pardo, en el Parlamento.
La oposición niega la acusación y señala que la sentencia se refiere tan solo a un fallo de forma y reiteran que el plan de 2005 es nulo.
Por el momento, las firmas aguardan una solución a la problemática generada, con las insinuaciones de la actual Consellería de Mar de retomar el proyecto de Touriñán y paralizar otros proyectos.
En el Parlamento, Vidal aseguró que nueve empresas han presentado proyecto o manifestado su interés por el litoral gallego para instalarse o ampliar sus plantas acuícolas. Cinco de los polígonos contemplados en el Plan Acuícola no han despertado interés de ninguna empresa.
De los proyectos presentados, el 61% son para granjas marinas de engorde, el 28% para plantas mixtas de cría y engorde y el 11% para cría. Asimismo, la mayor parte de los proyectos van dirigidos a "peixe plano", salvo dos, orientados a la "orella de mar" en un caso y a "moluscos e peixe plano" en otro.
Respecto a las estimaciones efectuadas de que la aplicación del plan de acuicultura costaría 400 millones de euros y permitiría generar 2.000 empleos, manifestó que cada planta generaría una media de 68 empleos, la mayoría indirectos.