Lunes, 9 Marzo, 2009
El pasado 6 de febrero de 2006, el conselleiro Manuel Vázquez, se comprometió públicamente a resolver el grave problema de «un sector con gran calidad en los productos que hasta ahora tenía dificultades de viabilidad debido al canon de vertidos y las tasas que debe abonar». Las palabras emitidas en aquel entonces por el titular de Medio Ambiente cayeron, según Atrugal, en saco roto ya que «la administración aplica ahora para los ejercicios anteriores el canon previo y ya derogado, lo que supone calcular para la acuicultura continental gallega una deuda inasumible y que conllevará suspensión de pagos o cierre, sólo por estar ubicadas en Galicia».
En la actualidad, el sector está regulado por la Ley 16/2008, que instaura una nueva tasa desde el 1 de enero de 2009 y que supone la décima parte del importe anterior. Mientras que en los países productores de Europa y en el resto de España las empresas están exentas del impuesto o realizan un pago inferior, en Galicia se impone una elevada tasa, lo que provoca que las truchas gallegas no puedan competir en el mercado, a pesar de ser la principal comunidad autónoma en producción. En este sentido se pronunció Susana Portela, gerente de Atrugal, quién proclamó que «la reducción que ha experimentado el sector desde la primera reunión con el conselleiro supera el 35%» ante lo que el gabinete de Medio Ambiente, «al ser incapaz de calcular los verdaderos parámetros de las explotaciones, cobró en función del caudal de las granjas» por lo que la repercusión del impuesto «va en aumento», concluyó.
El sector de la acuicultura ha realizado propuestas de compensación de la deuda a través de medidas correctoras del tipo «filtros» y «planes de contingencia medioambiental», pero el canon de saneamiento planteado hasta 2009 sólo ha reflejado criterios recaudadores. Aguirre sentenció que «no es lógico que, en un momento como éste, la principal amenaza a la viabilidad de las empresas sea la propia administración».