ACUICULTURA y PESCA - ESPAÑA: El Ministerio de Medio Ambiente da un plazo de hasta 28 años para retirar las empresas (includas acuícolas) del litoral gallego

Sábado, 16 Febrero, 2008

Las empresas gallegas que ocupan con sus instalaciones los seis primeros metros de litoral, unas cincuenta en total, deberán retirarlas de estos terrenos, pero dispondrán de tiempo suficiente. El Ministerio de Medio Ambiente les ha dado un plazo de siete años para desmontar las infraestructuras que invaden el dominio público marítimo-terrestre, aunque con la posibilidad de ampliar la moratoria hasta los 28 años por "circunstancias extraordinarias", como que el traslado no se pudiera realizar por causas ajenas a la empresa. Estas condiciones quedaron ayer plasmadas en un acuerdo firmado en Santiago entre la conselleira de Pesca, Carmen Gallego, y el director general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, José Fernández Pérez.

La postura de Costas es ahora mucho más permisiva que hace catorce meses, cuando, aplicando una nueva política, comenzó a revocar las concesiones a empresas con instalaciones en el litoral, como cetáreas, plantas de acuicultura, cocederos de marisco o conserveras. Por entonces, la idea de Medio Ambiente -con competencias para decidir y autorizar las actividades que se pueden desarrollar en primera línea de costa-- era la de liberar, para el disfrute público, espacios marítimos ocupados y aplicar como norma general el "no" a la renovación de las concesiones.

De hecho, en diciembre de 2006 la Dirección de Costas había comunicado ya cuatro revocaciones, dos de ellas dirigidas a las plantas de acuicultura que Stolt Sea Farm tiene en Muxía y Ribeira, dos de las más antiguas de Galicia.

Además, para reforzar la nueva política medioambiental sobre el litoral, la Dirección General de Costas difundió un comunicado oficial, también en diciembre, en el que advertía que la ocupación de la franja litoral "no tiene justificación" por parte de las empresas, que éstas sabían que las licencias siempre tienen plazo de vencimiento y que debían reubicarse en "terrenos privados por tratarse de una actividad privada".

Frente a esta actitud del Ministerio de Medio Ambiente, el sector de la producción y transformación de la pesca encontró el apoyo de la Xunta, partidaria de permitir la continuidad de la actividad en la franja litoral.

Ante las presiones, el Ministerio de Medio Ambiente accedió a principios del pasado año a crear un grupo de trabajo para encontrar soluciones para cada caso y también identificar las instalaciones ubicadas en esos primeros seis metros de costa con concesiones a punto de caducar o ya vencidas. El resultado es que hay unas cincuenta empresas con los permisos ya agotados a muy próximas a hacerlo, de las que diecinueve están en la provincia de A Coruña, once en la de Lugo y se calcula que unas quince en Pontevedra, porque la revisión en esta provincia aún no ha concluido.

La solución encontrada da bastante margen de maniobra a las empresas afectadas, porque como mínimo tendrán siete años para retirar seis metros sus instalaciones. Pero si por razones ajenas a la propia firma o "para evitar posibles agravios comparativos entre las empresas", la concesión se podrá prorrogar de forma extraordinaria otros siete años, y así hasta un máximo de 28 años.