Tras sufrir un bache destacado en el ejercicio del 2008 y pese a los diversos reveses del 2009, el sector emergente de la acuicultura castellonense logró el año pasado incrementar en un 33,7% su producción, un aumento que en términos de primer valor de venta fue incluso superior, del 43,1%.
Según los datos facilitados por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, las granjas marinas provinciales, radicadas en Burriana, Nules, Oropesa y Alcalà de Xivert, produjeron en el 2009 un total de 1.588 toneladas de dorada, 386 de lubina y 78 de corvina, con un valor de primera venta de 7,4 millones de euros, frente a los 5,2 millones del ejercicio precedente.
Al hacer balance del año, el gerente de la Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos (Apromar) afirma que "ha sido un año muy difícil, en el que las empresas han tenido que hacer muchos ajustes". Añade que, no obstante, "en la acuicultura, que trabaja con productos de primera necesidad, la crisis económica nos debería afectar menos y, de hecho, los principales problemas que se afrontan son ajenos a la recesión".
Impuesto muy gravoso
Una de las cuestiones que más preocupa y de la que Ojeda asegura que "marca la diferencia entre tener o no beneficios", es la tasa portuaria del 2% del valor de venta "que solo se paga en Castellón, Valencia y Alicante, teniendo en cuenta, además, que las empresas satisfacen esta cantidad por servicios que no utilizan".
El gerente de Apromar indica que "pedimos que se aplique la tarifa G2, de entre el 0,5 y el 0,75% del valor de venta y, aunque tenemos el apoyo de la Dirección General de Pesca de la Generalitat, nos está costando mucho convencer a la Dirección General de Puertos, que no revisa la decisión que tomó unilateralmente en el 2003 la decisión de aplicar la tasa del 2%, la G4".
Asegura que "implica para las empresas una carga económica que se sitúa entre 50.000 y 100.000 euros cada año, una cantidad que resulta muy gravosa".
En cuanto al resto de dificultades a las que las piscifactorías marinas hacen frente, el representante empresarial señala "la desigualdad de oportunidades en el mercado, con especial incidencia de la competencia desleal que se produce por la entrada en la toda la Unión Europea de productos de otros países que no cumplen con todas las exigencias de calidad y respeto medioambiental que aquí sí se cumplen por imperativo legal".
Un problema adicional es, según Ojeda, que "lo que manda es el precio, por encima de la calidad, junto al hecho de que el consumidor no está bien informado y esta es una tarea lenta que tenemos que hacer nosotros".