Y es que el Gobierno aprobó a principios de este año las bases del concurso para otorgar las concesiones destinadas a instalar y explotar cuatro establecimientos de cultivos marinos, que estarían situadas en la zona oeste de la Isla, entre Punta de la Corvina (al norte) y Punta del Moro (al sur), frente a Tijarafe.
En total fueron cinco empresas las que solicitaron concesiones administrativas, con una capacidad productiva total de 13.500 toneladas. No obstante, la Consejería de Agricultura y Pesca encargó un estudio para evaluar "la capacidad máxima de asimilación del medio sin verse afectado de forma no tolerable, a fin de conceder el máximo de concesiones administrativas en las zonas aptas, sin que las producciones que se autoricen excedan dicha capacidad".
Por otra parte, el regidor tijarafero advirtió que la costa del municipio contiene una actividad turística relacionada con el mar, con visitas guiadas a espacios tan singulares como la Cueva Bonita, y teme que pueda verse perjudicada.
Marcos Lorenzo reconoció que la acuicultura es una actividad que impulsa la diversificación socioeconómica generando nuevos yacimientos de empleo, si bien advirtió de que puede ocasionar "problemas mayores" si no se hace de una forma sostenible. En esta línea, indicó que van a solicitar tanto al Cabildo como al Gobierno de Canarias que los controles periódicos que se realizan en las jaulas se hagan a través de auditorías externas, ya que lo que está sucediendo en la actualidad, según explicó, es que son las propias empresas quienes realizan estos autocontroles con técnicos que en algunos casos fueron los mismos que realizaron el estudio de impacto medioambiental.
Otro de los asuntos controvertidos es la introducción de la corvina entre las especies. De hecho, la Reserva Mundial de la Biosfera ha realizado un informe en el que pone de manifiesto los riesgos que representan para el litoral palmero la introducción de esta especie, que tiene una gran voracidad y puede alcanzar más de dos metros de largo.