ACUICULTURA - ESPAÑA: Dos empresas de acuicultura quiebran y abandonan las jaulas en producción

Lunes, 15 Junio, 2009

Sin embargo, ese tropiezo no ha venido aparejado con la retirada de las concesiones que en su momento otorgó la Administración ni la retirada de las instalaciones, jaulas principalmente, que se ubicaron en el mar, con más de 20 criaderos que estaban activos y que hoy, por lo menos en algunos casos, no están cubriendo la actividad ni el rendimiento productivo para los que fueron ubicados en el frente marítimo de Tijarafe.

Las dificultades técnicas y económicas de estas entidades, que no se alejan del problema financiero y de saturación de los mercados que ha afectado a todo el sector en España en general y en Canarias en particular, ha motivado el abandono de la actividad. Al parecer, según afirmó recientemente la consejera Pilar Merino, "al igual que en otros puntos, se viven momentos de dificultad en estas empresas acuícolas porque en su gran mayoría se dedican sólo a dos especies, la dorada y la lubina, como es el caso de La Palma, por lo que existe una sobreoferta en el mercado que ha hecho caer los precios y la rentabilidad".

Evidentemente, añadió Merino, "en estas quiebras, los empresarios intentan vender las instalaciones a otra entidad porque son inversiones importantes y concesiones que cuesta conseguir. Se trata de casos de libre competencia, por lo que la Consejería no entra a valorar los motivos, ya que nuestra función exclusivamente es permitir el ejercicio de la actividad".

Hasta 20 años.- En cuanto al futuro de las instalaciones en donde estas entidades han venido desarrollando las explotaciones acuícolas, desde el departamento de Agricultura y Pesca se recuerda que "las autorizaciones cuentan con cinco años de explotación, prorrogables durante el mismo periodo hasta llegar a los 20 años de uso, para posteriormente sacarlas de nuevo a concurrencia. En ese sentido la vigilancia real de las instalaciones se hace cada cinco años, para ver si se prorrogan. Es un simple imperativo legal en el que se ejecuta la norma para conceder los usos siempre que los requisitos se cumplan".

Al respecto, añadió Merino, "que tengamos constancia, no se han generado problemas medioambientales con las jaulas. En el momento que se sospeche lo contrario se actuará, teniendo en cuanta que los informes ambientales para la ocupación del dominio dependen del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Denuncia ecologista.- Mientras, los grupos ecologistas ya se han hecho eco del descontrol. Han denunciado la escasa profesionalidad que se está viviendo en el mantenimiento de las granjas de acuicultura, beneficiado por la ausencia de controles públicos.

Al respecto, concretan, "se incurre en malas prácticas de explotación, como el empleo descontrolado de antibióticos, el arrojo de basuras a los fondos marinos, ausencia de periodos de cuarentena de los alevines, suelta deliberada de partidas defectuosas, maltrato animal por carencia de alimentos, vertidos de peces muertos o fraudes en los análisis del agua".